Hace un par de años unos colegas me hicieron el favor de preguntar a médicos de hospitales si creían necesario investigar para combatir a las bacterias resistentes con nuevos antibióticos. Lo más sorprendente no es que dos tercios dijesen que no, sino que la razón esgrimida era que los antibióticos ya existentes, o una combinación de ellos, resuelven en los hospitales el 80% de las infecciones. Quedaba implícito que un 20% de los casos no se resolvían; en otras palabras, que el enfermo no sobrevivía. Preguntados por si esos casos tenían algo en común, la respuesta era que son enfermos con uno de tres problemas: están inmunodeprimidos, han sufrido una cirugía mayor o son viejos.

Intento reflexionar sobre el porqué a determinados enfermos se les considera casos perdidos. ¿Se aplican criterios muy economicistas al derecho de los enfermos? Para explicarme, ¿si el enfermo con pulmonía tiene 40 años, un individuo productivo, hay que curarle, pero si tiene 80 no? Seguramente si lo preguntamos así nadie admitirá que uno y otro tengan derechos diferentes, pero no considerar importante encontrar curas para uno de ellos tiene ese significado. Además, es que el riesgo de contraer la pulmonía aumenta significativamente con la edad.

Tampoco es hoy frecuente que personas sanas enfermen de tuberculosis, pero la incidencia de esta enfermedad entre los enfermos de sida no es despreciable, y el bacilo de Koch es cada día más resistente a los antibióticos que le combaten. ¿Tienen estos enfermos menos derecho a que se trabaje para encontrar una cura para una de las enfermedades que puede llevarles a la muerte? Una vez más, preguntado así nadie se atrevería a decirlo.

Y raro es quien, con una vida normal, pesca una infección por bacterias como, por poner un ejemplo de actualidad, acinetobacter, u otra de las que producen enfermedades nosocomiales, las que ocurren en los hospitales. Pero esto sí es un riesgo para quienes han sufrido operaciones quirúrgicas de envergadura. Una vez más diríamos que estos pacientes debieran tener el mismo derecho que cualquier ciudadano a que se busquen medios para curarle. Ni el viejo ni el inmunodeprimido ni el paciente quirúrgico merecen morir con una infección por mucha edad que tengan o graves que sean sus otras enfermedades. Aunque no sea la causa fundamental de su muerte, una infección no es nada agradable de tener.

Pero estos principios elementales de ética parecen estar en segundo plano, casi diríamos escondidos por el inconsciente colectivo, cosa que contrasta con la exquisita actitud empleada para otros casos, en que no se trata ya de vivir o morir, sino de aminorar el sufrimiento que inevitablemente acompaña al dejar de existir.

No intento culpabilizar a nadie, y menos por su trabajo: los médicos tratan a los enfermos con su mejor ciencia para curarles, las farmacéuticas desarrollan las mejores medicinas que pueden y los investigadores perseguimos ideas que lleven a encontrarlas, hasta los políticos distribuyen los limitados fondos disponibles para así mejorar nuestras vidas. ¿Dependen nuestros derechos de según sea de lo que enfermamos? Nadie en sus cabales responderá afirmativamente, pero un conjunto de circunstancias contribuye a que al final exista un problema. Para resolverlo, debemos saber que existe. Si todos tenemos derecho a que se traten nuestras enfermedades, debemos demandar, desde todos los foros y a todas las instancias, que se pongan medios para conseguirlo. Urge encontrar nuevos compuestos que frenen las infecciones, en especial las causadas por microbios resistentes, y eso no es sencillo, los antibióticos fáciles de encontrar ya se llevan usando más de medio siglo. Queda una labor difícil y costosa, tanto en imaginación como en recursos. Si no la hacemos seguiremos haciéndonos preguntas éticamente incómodas.

Miguel Vicente es profesor de investigación del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología.